
AVOYELLES BAJO EL AGUA ACTIVAN RESCATE MASIVO
AVOYELLES PARISH, Luisiana — Equipos de emergencia estatales y locales desplegaron un operativo de rescate a gran escala este jueves luego de que intensas lluvias
INGLATERRA. Una investigación pública independiente examinará cómo redes de hombres explotaron sexualmente a niñas vulnerables durante décadas y por qué policías, gobiernos locales y servicios sociales no actuaron adecuadamente pese a recibir denuncias y señales de alerta.
La investigación, presidida por la baronesa Anne Longfield, comenzará estudiando los casos de Oldham, Bradford y Keighley, además de Londres. También celebrará audiencias nacionales para obligar a instituciones y funcionarios a explicar públicamente qué hicieron —o dejaron de hacer— para proteger a las víctimas.
El escándalo suele describirse mediante el término británico “grooming gangs”, referido a grupos conectados formal o informalmente que manipulan, trasladan, entregan o facilitan el acceso sexual a menores. Las víctimas fueron principalmente adolescentes en situaciones vulnerables, aunque también se documentaron casos de niñas de apenas 10 y 11 años.
Uno de los casos más graves ocurrió en Rotherham. Una investigación independiente estimó que aproximadamente 1,400 menores fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013.
El informe documentó violaciones cometidas por varios agresores, secuestros, amenazas con armas, golpizas y el traslado de menores a otras ciudades. Algunas fueron rociadas con combustible y amenazadas con ser incendiadas. Muchas eran conocidas previamente por los servicios sociales o se encontraban bajo cuidado estatal.
Casos similares fueron investigados en Rochdale, Telford, Oxford, Bradford, Oldham y otras localidades.
En junio de 2025, siete hombres fueron declarados culpables de explotar sexualmente a dos niñas en Rochdale entre 2001 y 2006. Ambas tenían 13 años cuando comenzó el abuso y eran conocidas por los servicios sociales. La justicia determinó que fueron atraídas con regalos, dinero, drogas y alcohol antes de ser entregadas a distintos agresores.
La investigación, presidida por la baronesa Anne Longfield, comenzará estudiando los casos de Oldham, Bradford y Keighley, además de Londres. También celebrará audiencias nacionales para obligar a instituciones y funcionarios a explicar públicamente qué hicieron —o dejaron de hacer— para proteger a las víctimas.
El escándalo suele describirse mediante el término británico “grooming gangs”, referido a grupos conectados formal o informalmente que manipulan, trasladan, entregan o facilitan el acceso sexual a menores. Las víctimas fueron principalmente adolescentes en situaciones vulnerables, aunque también se documentaron casos de niñas de apenas 10 y 11 años.
Distintos informes oficiales concluyeron que algunos funcionarios y policías evitaron enfrentar abiertamente el perfil étnico de determinados grupos por temor a ser acusados de racismo o de provocar tensiones comunitarias.
La investigación nacional encabezada por la baronesa Louise Casey determinó en 2025 que las autoridades continuaban evitando registrar o analizar la etnia de los sospechosos. En los registros nacionales, este dato faltaba en aproximadamente dos tercios de los casos, lo que impide establecer una conclusión confiable para todo el país.
Sin embargo, el informe también señaló que ignorar los datos locales sería otro error.
En Greater Manchester, entre 52% y 54% de los sospechosos en investigaciones específicas de explotación sexual grupal eran registrados como asiáticos, frente a cerca de 21% de la población local. En West Yorkshire, 35% de los sospechosos eran asiáticos, aunque ese grupo representaba aproximadamente 16% de la población.
En la investigación Operation Stovewood, centrada en Rotherham, casi dos tercios de 323 sospechosos identificados eran de origen étnico pakistaní. Una proporción similar apareció entre las 42 personas condenadas dentro de esa operación.
Estos datos muestran una sobrerrepresentación real de hombres de ascendencia asiática o pakistaní en determinados lugares y tipos de explotación grupal. No obstante, no prueban que la mayoría de todos los delitos sexuales contra menores en Inglaterra sean cometidos por ese grupo, ni permiten trasladar los resultados de algunas ciudades a toda la población asiática, pakistaní o musulmana.
Describir el caso únicamente como delincuencia cometida por “extranjeros” también sería inexacto. Muchos de los responsables de los casos históricos habían nacido o crecido en Reino Unido y eran ciudadanos británicos de ascendencia pakistaní.
Por otra parte, el informe Casey examinó cerca de una docena de operaciones policiales activas y encontró que una proporción significativa parecía involucrar a ciudadanos no británicos o personas que solicitaban asilo. Debido a que esas investigaciones continuaban abiertas y constituían una muestra reducida, el informe advirtió que todavía no podían obtenerse conclusiones generales sobre nacionalidades concretas.
Los registros históricos también incluyen responsables blancos británicos, negros y hombres procedentes de distintos países. El patrón de los agresores cambia según la región, el periodo y el tipo de explotación.
El factor étnico no fue la única causa de la inacción institucional.
Los informes describieron una cultura en la que niñas vulnerables eran consideradas problemáticas, promiscuas o responsables de su propia explotación. Algunas habían consumido alcohol o drogas, faltaban a la escuela, escapaban de hogares de acogida o acumulaban antecedentes. Esas circunstancias fueron utilizadas para restar credibilidad a sus testimonios, en lugar de ser reconocidas como señales de abuso y manipulación.
Durante años, la legislación y algunas instituciones incluso utilizaron términos relacionados con “prostitución infantil”, tratando a menores explotadas como participantes voluntarias o delincuentes. El gobierno británico ahora prepara mecanismos para eliminar condenas impuestas a víctimas que debieron haber sido protegidas.
También se documentaron fallas en el intercambio de información entre policías, hospitales, escuelas y servicios sociales, investigaciones cerradas prematuramente, pérdida de evidencia, falta de apoyo a testigos y resistencia institucional a reconocer la magnitud del problema.
Hasta ahora no existe evidencia oficial que demuestre una política sistemática de imponer sentencias más leves a responsables por ser extranjeros, asiáticos o musulmanes.
El problema mejor documentado ocurrió antes de la sentencia: denuncias que no fueron investigadas, sospechosos que no fueron perseguidos, víctimas desacreditadas y casos que tardaron años o décadas en llegar a juicio.
Cuando los casos finalmente fueron procesados, numerosos responsables recibieron condenas prolongadas por violación, agresiones sexuales, tráfico de menores y otros delitos graves. Aun así, el retraso permitió que algunos agresores continuaran actuando y que muchas víctimas nunca obtuvieran justicia.
El gobierno británico aceptó las 12 recomendaciones principales del informe Casey. Entre las medidas anunciadas se encuentran una operación nacional coordinada por la Agencia Nacional contra el Crimen, la revisión de cientos de expedientes previamente cerrados, la recopilación obligatoria de la etnia y nacionalidad de los sospechosos y nuevas reglas para compartir información entre instituciones.
Más de 800 casos que habían sido cerrados o descartados fueron identificados para una nueva revisión desde 2025.
La nueva investigación pública tendrá facultades para exigir documentos y obligar a funcionarios e instituciones a declarar. También revisará si hubo inacción, obstrucción, encubrimiento o conductas que pudieran constituir faltas en el ejercicio de cargos públicos. Los posibles delitos detectados serán remitidos a Operation Beaconport, bajo supervisión de la Agencia Nacional contra el Crimen.
El caso presenta dos realidades que deben abordarse simultáneamente: en algunas ciudades existió una sobrerrepresentación documentada de agresores de ascendencia asiática o pakistaní, y determinadas autoridades evitaron hablar del asunto por temor a acusaciones de racismo. Pero esos hechos no justifican responsabilizar colectivamente a millones de personas que comparten una etnia, religión o procedencia.
Ocultar información por temor al debate público perjudicó a las víctimas y permitió que la desconfianza creciera. Generalizar contra comunidades enteras también dificulta identificar con precisión quiénes cometieron los delitos, cómo operaron y qué instituciones permitieron que continuaran.
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