Para aumentar significativamente la producción será necesario invertir miles de millones de dólares en pozos, oleoductos, instalaciones eléctricas, almacenamiento, procesamiento y transporte. Los especialistas consideran que podrían pasar varios años antes de que el petróleo adicional venezolano tenga un efecto importante en los mercados internacionales y, por consecuencia, en los precios que pagan los consumidores estadounidenses por la gasolina.

El acuerdo también ha generado controversia política. Algunos republicanos lo presentan como una victoria estratégica que fortalecería la seguridad energética de Estados Unidos y reduciría la dependencia del petróleo proveniente del Medio Oriente. Algunos demócratas, por otra parte, cuestionan las motivaciones del acuerdo y señalan que la intervención estadounidense en Venezuela estuvo relacionada con el interés en sus enormes reservas petroleras.

Dentro de Venezuela, también existe división. Algunos ciudadanos y figuras políticas consideran que el acuerdo podría ayudar a reconstruir la economía del país, mientras otros lo ven como una pérdida de control sobre los recursos naturales venezolanos. El exministro de Planificación Ricardo Hausmann ha cuestionado la legitimidad del acuerdo y ha advertido que futuros gobiernos venezolanos podrían no reconocerlo.

Otro punto de controversia es la participación de Alejandro Betancourt. El empresario ha sido objeto de investigaciones financieras en Europa y ha enfrentado acusaciones públicas relacionadas con corrupción, aunque hasta ahora no ha sido acusado formalmente de un delito en ninguna jurisdicción, según su representación legal.