Ceuta enfrenta la mayor crisis migratoria registrada en su historia después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos durante el 30 y 31 de julio, principalmente bordeando a nado el espigón fronterizo del Tarajal.
El Ministerio del Interior de España calcula que más de 50.000 migrantes entraron irregularmente en la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva la estimación hasta 60.000, una cantidad equivalente a cerca del 70 % de la población habitual del territorio.
La emergencia comenzó días antes con la llegada diaria de entre 250 y 300 personas. Aproximadamente 2.000 habían alcanzado Ceuta durante la última semana y media, saturando el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y las instalaciones destinadas a menores. Sin embargo, durante la madrugada y la mañana del jueves 30 de julio, el flujo se transformó en una entrada masiva.
Miles de personas caminaron por el espigón del Tarajal y, al acercarse a los agentes españoles, se lanzaron al mar para completar el último tramo a nado. Otros utilizaron flotadores o intentaron superar diferentes puntos del perímetro fronterizo. Aunque la mayoría eran jóvenes marroquíes, también llegaron mujeres, bebés, menores no acompañados y familias completas.
El balance humano continúa aumentando. Fuentes policiales informaron que al menos 43 cadáveres fueron recuperados en la costa de Ceuta. La mayoría de las víctimas habría muerto ahogada mientras intentaba bordear el espigón, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias de cada fallecimiento.
Buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil mantienen las operaciones de búsqueda, por lo que no se descarta que aparezcan más víctimas.
Los servicios sanitarios también atendieron numerosos casos de hipotermia, agotamiento, ahogamiento parcial y heridas ocasionadas por las rocas. Muchas personas llegaron únicamente con ropa de baño, sin alimentos, dinero ni un lugar donde refugiarse.
La dimensión de la entrada superó rápidamente la capacidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de acogida. El Gobierno español activó al Ejército para reforzar la frontera, controlar puntos estratégicos y ayudar a mantener la seguridad en la ciudad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que existen hasta 3.000 efectivos militares disponibles para colaborar con las autoridades y asistir a la población. La Policía Nacional y la Policía Local también desplegaron unidades por distintos sectores para evitar que las multitudes se dispersaran sin control.
Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles consideran que los refuerzos siguen siendo insuficientes. Agentes destinados en Ceuta describieron la situación como un “descontrol absoluto” y denunciaron que no contaban con suficiente personal para vigilar simultáneamente toda la frontera.
Numerosos comercios, supermercados, bares y restaurantes cerraron temporalmente. Miles de migrantes permanecieron en parques, playas y calles sin alojamiento. El Gobierno de Ceuta también suspendió las fiestas patronales y la Feria de la ciudad por razones de seguridad.
La situación comenzó a cambiar durante el viernes. El Ministerio del Interior estima que aproximadamente 25.000 personas, cerca de la mitad de quienes entraron, regresaron voluntariamente a Marruecos.
Los retornos se produjeron a un ritmo aproximado de 150 personas por minuto. Algunos migrantes dijeron que decidieron volver porque no encontraban comida, alojamiento ni posibilidades de continuar hacia la península ibérica.
Las autoridades españolas y marroquíes acordaron acelerar la identificación y devolución de quienes ingresaron irregularmente. Marruecos desplegó unidades antidisturbios, gases lacrimógenos, cañones de agua y embarcaciones para dispersar a las multitudes, impedir nuevas entradas y rescatar a nadadores.
Durante las primeras horas de la crisis, agentes españoles denunciaron una falta de intervención del lado marroquí. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez agradeció posteriormente la cooperación de Rabat y describió a Marruecos como un aliado necesario para restablecer el control.
Hasta ahora no existe evidencia concluyente de que el Gobierno marroquí organizara deliberadamente la entrada masiva.
La dimensión de la entrada superó rápidamente la capacidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de acogida. El Gobierno español activó al Ejército para reforzar la frontera, controlar puntos estratégicos y ayudar a mantener la seguridad en la ciudad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que existen hasta 3.000 efectivos militares disponibles para colaborar con las autoridades y asistir a la población. La Policía Nacional y la Policía Local también desplegaron unidades por distintos sectores para evitar que las multitudes se dispersaran sin control.
Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles consideran que los refuerzos siguen siendo insuficientes. Agentes destinados en Ceuta describieron la situación como un “descontrol absoluto” y denunciaron que no contaban con suficiente personal para vigilar simultáneamente toda la frontera.
Numerosos comercios, supermercados, bares y restaurantes cerraron temporalmente. Miles de migrantes permanecieron en parques, playas y calles sin alojamiento. El Gobierno de Ceuta también suspendió las fiestas patronales y la Feria de la ciudad por razones de seguridad.
La situación comenzó a cambiar durante el viernes. El Ministerio del Interior estima que aproximadamente 25.000 personas, cerca de la mitad de quienes entraron, regresaron voluntariamente a Marruecos.
Los retornos se produjeron a un ritmo aproximado de 150 personas por minuto. Algunos migrantes dijeron que decidieron volver porque no encontraban comida, alojamiento ni posibilidades de continuar hacia la península ibérica.
Las autoridades españolas y marroquíes acordaron acelerar la identificación y devolución de quienes ingresaron irregularmente. Marruecos desplegó unidades antidisturbios, gases lacrimógenos, cañones de agua y embarcaciones para dispersar a las multitudes, impedir nuevas entradas y rescatar a nadadores.
Durante las primeras horas de la crisis, agentes españoles denunciaron una falta de intervención del lado marroquí. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez agradeció posteriormente la cooperación de Rabat y describió a Marruecos como un aliado necesario para restablecer el control.
Hasta ahora no existe evidencia concluyente de que el Gobierno marroquí organizara deliberadamente la entrada masiva.
La presión migratoria también se trasladó a Melilla, la otra ciudad española situada en el norte de África. Las autoridades cerraron temporalmente el paso fronterizo después de enfrentamientos y nuevos intentos de entrada.
La Delegación del Gobierno confirmó el ingreso de al menos 130 personas, muchas de ellas menores, mientras el presidente de Melilla calcula que la cifra podría acercarse a 400. El cierre también dejó atrapadas a numerosas familias que viajaban legalmente durante la Operación Paso del Estrecho.
Pedro Sánchez viajó a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde allí calificó lo sucedido como una “violación de la integridad territorial de España” y prometió utilizar todos los recursos del Estado para proteger a la población y acelerar las repatriaciones.
Juan Jesús Vivas aseguró que la situación es “absolutamente insostenible” y reclamó una respuesta inmediata de España y de la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió detener los cruces peligrosos y ofreció apoyo a España. Francia reforzó los controles en su frontera, mientras dirigentes de Italia, Dinamarca y otros países plantearon medidas extraordinarias relacionadas con el espacio Schengen. El Gobierno español ha rechazado que la crisis justifique aislar al país dentro de Europa.
Las imágenes recuerdan a mayo de 2021, cuando unas 8.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos relajara sus controles fronterizos durante una disputa diplomática con España.
La tensión se produjo después de que el Gobierno español permitiera que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento médico en un hospital de Logroño. Marruecos vinculó públicamente ambos asuntos y España acusó entonces a Rabat de utilizar la migración como presión política.
La crisis actual supera ampliamente aquel episodio tanto por el número de entradas como por la cantidad de fallecidos. No obstante, a diferencia de 2021, todavía no se ha demostrado que Marruecos haya permitido deliberadamente los cruces como represalia diplomática.
La situación comienza a estabilizarse en el Tarajal debido a los retornos y al despliegue de seguridad en ambos lados de la frontera. Sin embargo, alrededor de 25.000 migrantes podrían continuar dentro de Ceuta, los centros de acogida permanecen colapsados y las operaciones de búsqueda de desaparecidos siguen activas.
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