TALLAHASSEE, Fla. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves un extenso paquete de leyes migratorias diseñadas para ejecutar la agenda de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump.
Los republicanos afirman que estas nuevas medidas posicionan a Florida, un estado históricamente acogedor para inmigrantes, a la vanguardia de los territorios controlados por el conservadurismo, utilizando recursos estatales y locales para reforzar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
A medida que legisladores en todo el país buscan cumplir con una de las principales promesas de Trump, la iniciativa de Florida podría desencadenar una batalla legal, ya que una de sus disposiciones ha sido señalada por sus críticos como inconstitucional.
Entre los puntos más controvertidos de la legislación se encuentra la imposición de la pena de muerte para inmigrantes que se encuentren en el país sin autorización legal y que cometan delitos capitales como homicidio en primer grado o abuso sexual infantil. Esta medida va más allá de las órdenes ejecutivas emitidas por Trump.
La aprobación de las leyes llega luego de un tenso debate entre los principales líderes republicanos del estado, quienes durante semanas negociaron para llegar a un acuerdo sobre cómo respaldar la política migratoria de Trump.
“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar las leyes, entregando un bolígrafo a cada uno de los legisladores que lo acompañaban. “Nos estamos adelantando en la lucha para poner fin a la crisis de inmigración ilegal”.
Sin embargo, las divisiones entre aliados del expresidente y DeSantis podrían persistir, especialmente considerando que el gobernador, cuyo mandato es limitado, es visto como un posible candidato presidencial en 2028.
“En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump, porque de eso se trata todo esto”, afirmó el senador estatal Joe Gruters, uno de los principales patrocinadores de la legislación y aliado de Trump.
El proceso de negociación, no obstante, dejó heridas abiertas. DeSantis criticó versiones anteriores del proyecto por considerarlas “débiles” y una “traición” a los votantes conservadores.
“Aún quedan sentimientos heridos en todos los bandos”, reconoció Gruters.
El paquete legislativo asigna $298 millones para reforzar la aplicación de las normas migratorias en Florida. Estos fondos financiarán la contratación de más de 50 nuevos agentes especializados en inmigración, capacitaciones y equipamiento para agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren con operaciones federales y el arrendamiento de instalaciones de detención.
Entre las disposiciones más polémicas está la pena de muerte para inmigrantes en situación irregular que cometan delitos capitales. Organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas han cuestionado la constitucionalidad de esta medida, citando fallos previos de la Corte Suprema.
Las nuevas leyes también aumentan las penas para cualquier delito cometido por inmigrantes sin autorización legal y crean un nuevo delito por reingresar al estado tras haber ingresado ilegalmente al país.
Como parte del acuerdo legislativo, se eliminó una propuesta que buscaba restringir los poderes de emergencia del gobernador en materia de inmigración.
Otra medida que ha generado críticas bipartidistas es la eliminación de la ley que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrícula estatal en universidades y colegios públicos de Florida.
Otros estados del sur también están aprobando leyes alineadas con la política migratoria de Trump.
En Alabama, el Senado estatal avanzó rápidamente un conjunto de propuestas que incluyen permitir a las cárceles retener a personas para verificar su estatus migratorio, exigir la recolección de ADN de inmigrantes detenidos sin autorización legal, prohibir el reconocimiento de licencias de conducir emitidas por otros estados sin prueba de ciudadanía y tipificar como delito grave el ingreso de inmigrantes indocumentados al estado.
“Si llegas al país legalmente, si entras a Alabama de manera legal, entonces estas leyes no te afectan”, aseguró el senador estatal republicano Wes Kitchens, patrocinador de una de las medidas.
Las propuestas avanzaron a la Cámara de Representantes de Alabama pese a la oposición de legisladores demócratas, quienes acusaron a los republicanos de “teatro político”.
Jasmin Hernández-Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y recién graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su preocupación de que estas leyes provoquen un aumento en la discriminación racial durante controles de tráfico.
“No quiero vivir en un estado que constantemente refuerza una narrativa negativa contra comunidades marginadas”, comentó Hernández-Alamillo.
Por otro lado, en Georgia, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con la aplicación de leyes migratorias federales.
Esta legislación refuerza una ley aprobada el año pasado en respuesta al caso de José Ibarra, un inmigrante venezolano acusado de ingresar ilegalmente al país y de asesinar a Laken Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia de 22 años. La norma obliga a las agencias de aplicación de la ley a colaborar con las autoridades federales en la identificación y detención de inmigrantes sin documentos, imponiendo sanciones a aquellas que no cumplan.
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