“La ley tiene dos objetivos principales”, explicó Pressly. “Por un lado, aseguramos que las píldoras puedan seguir usándose para propósitos médicos legítimos. Por otro, quienes utilicen estos medicamentos de manera inapropiada, como para realizar abortos no permitidos en Louisiana, enfrentarán consecuencias penales”.

Sin embargo, críticos de la ley, como la Federación Nacional del Aborto, argumentan que no existe una base científica para clasificar estos medicamentos como sustancias controladas. Melissa Fowler, directora de programas de la federación, afirmó que la ley es “otro intento de controlar a las personas y sus cuerpos”, subrayando que Louisiana ya prohíbe los abortos, lo que ha llevado a que las personas busquen atención médica en otros estados.